1. Existe una evolución positiva en la versión final del informe, en comparación con la versión preliminar, es decir, en lo que respecta a la falta de consideración de conclusiones erróneas sobre el Dominio Público del Agua (DPH), así como al reconocimiento de la competencia de la Comisión Europea en el análisis de este asunto, expresado en las distintas decisiones de esta entidad que lo afectaron.

2. No obstante, y de forma similar a la posición ya adoptada en relación con la versión preliminar del informe del CPIPREPE, EDP rechaza las diversas recomendaciones y conclusiones del informe final que afectan a esta empresa y se reafirma en la inexistencia de las llamadas «rentas excesivas».

3. La falta de consenso en la votación para aprobar el Informe Final demuestra que las conclusiones y recomendaciones no son reconocidas por todas las partes involucradas en CPIPREPE. En realidad, el informe refleja claramente las opiniones de su ponente y no lo que sucedió en CPIPREPE.

4. El Informe Final mantiene varias inexactitudes y fallos, los cuales ya fueron verificados en el informe preliminar, desconociendo el contenido de cientos de horas de audiencias, opiniones de reconocidos expertos, así como documentación y estudios objetivos y fundamentados que fueron presentados a CPIPREPE por varios actores, quienes, si se hubieran tenido en cuenta, se requeriría una revisión completa de sus conclusiones y recomendaciones.

5. El Informe Final 1996 1995 y 1996, pero desconoce el contexto económico y accionarial en el que se tomaron las sucesivas decisiones políticas que fueron decisivas para el sector, a lo largo de más de dos décadas, lo que lleva a conclusiones distorsionadas y recomendaciones inaceptables.

6. En particular, el Informe Final no quita las debidas consecuencias del hecho de que el Estado siempre haya sido el mayor accionista de EDP (poseyendo 1995 100 % del capital y 2012 más del 25 %) y, simultáneamente, legislador, estableciendo las reglas para el sector en general y para la empresa en particular.

7. El Informe Final recomienda varios cambios al marco legal existente con efectos retroactivos, contrarios a los principios más elementales del estado de derecho. El documento no tiene en cuenta que fue en el contexto y con el marco vigente en cada momento que los agentes económicos tomaron sus decisiones, es decir, la inversión. Querer cambiar el régimen aplicable con efectos retroactivos es inaceptable, pone en peligro la confianza de los inversores, en particular de los que participaron en las distintas etapas de la privatización de EDP, y la credibilidad de Portugal con los agentes económicos y los mercados, que es fundamental en el esfuerzo necesario para la indispensable transición energética en curso.

8. Además, es lamentable que el Informe Final permita la inserción de varios comentarios concluyentes sobre asuntos que actualmente son objeto de investigación y procesos de impugnación judicial, contradiciendo flagrantemente el principio de separación de poderes.

9. Desde un principio, EDP reconoció la importancia de CPIPREPE, considerando que su constitución era una oportunidad para el esclarecimiento completo de un tema complejo y mediático, que ha sido blanco de campañas de desinformación. Sin embargo, a la vista del contenido del Informe final, EDP lamenta que se haya perdido la oportunidad de abordar este asunto de manera objetiva y fáctica, contribuyendo a su completa aclaración.

10. EDP no dejará de mantener una postura rigurosa, transparente y cooperativa en la defensa intransigente de todos sus accionistas, empleados, clientes y demás grupos de interés, en estricto cumplimiento de la ley y los contratos vigentes.