El documento que se conoce hoy es solo la promoción de la Fiscalía en materia de medidas coercitivas.

No es una decisión del juez de instrucción penal aplicar estas mismas medidas a cualquier acusado.

El documento notificado es una solicitud, no una decisión, sujeta a contradicciones. El plazo para la oposición vence el 15 de junio de 2020.

La promoción de la Fiscalía es absolutamente desproporcionada, sin sentido e ilegal.

Los hechos en los que se basan las imputaciones penales formuladas todavía no tienen fundamento alguno.

Al diferencia de lo que es una jurisprudencia reiterada, constante y uniforme en esta materia, no se invocan, materializan ni imputan peligros concretos que justifiquen la aplicación de medidas coercitivas exigidas por la ley.

Por ser así, después de exactamente tres años de su constitución como acusados, no se comprende la razón que motiva, ahora, la pretensión de agravamiento del estatuto coactivo de António Mexia y João Manso Neto. Esto se debe a que la Fiscalía sigue sin decirlo.

Al tratarse de una mera propuesta, esta posición de la Fiscalía no tiene ningún efecto desde el punto de vista de la gestión de EDP.